¿Por qué huyen las personas refugiadas de Venezuela?

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Venezuela, que incluyó bombardeos a aeropuertos, bases aéreas y militares en distintos puntos del país. Según recoge Naciones Unidas, citando al Ministerio de Defensa de Venezuela, estos ataques causaron 82 muertes, al menos dos de ellas de civiles. Las Fuerzas Especiales estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, que fue depuesto de su cargo, y a la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados forzosamente a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, y donde permanecen detenidos desde entonces. Dos días después del derrocamiento de Maduro, la hasta ese momento vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, fue designada como “presidenta encargada” por la Corte Suprema de Justicia.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, dependiente del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha rechazado esta operación militar, afirmando que “violó el derecho internacional”. “Si bien la Misión tiene motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, ello no justifica una intervención militar ilegal”, establece la Misión.

En el documento de actualización de hallazgos, presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026, la Misión Internacional Independiente informó acerca de los últimos meses de desarrollo de su misión de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos en Venezuela. En una primera fase entre septiembre y diciembre de 2025, la Misión constata la “continuidad de los patrones de graves violaciones de derechos humanos”, período en el que habría registrado 135 presuntas detenciones arbitrarias en el país, así como estaría investigando posibles casos de muertes bajo custodia, torturas, violencia sexual y de género en centros de detención y casas de seguridad, así como la detención de familiares -incluyendo niños/as y adolescentes- de los objetivos principales de los arrestos.  

Desde la asunción de la presidencia del país por parte de Delcy Rodríguez se decretó en el país el estado de “emergencia externa”. Asimismo, se puso en marcha “un proceso de excarcelación masiva de personas detenidas por motivos políticos”, lo que es remarcado como positivo por la Misión. Es especialmente reseñable la aprobación el pasado 20 de febrero por la Asamblea Nacional de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, si bien se apunta también a los límites establecidos para su aplicación, como han denunciado organizaciones opositoras y defensoras de la libertad de prensa de Venezuela. Organizaciones como Amnistía Internacional también han criticado el modo como se está aplicando esta ley de amnistía.

La Misión de Naciones Unidas ha continuado recogiendo información y documentación sobre violaciones de los derechos humanos una vez derrocado Maduro. En este período ha recogido al detención de hasta 87 personas. En su informe, concluye que, hasta hoy, “la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales, previamente documentados por la Misión, permanece intacta".

Según la ONG venezolana Foro Penal, que proporciona asistencia jurídica a personas detenidas de forma arbitraria en el país caribeño, entre el 8 de enero y el 20 de abril de este año han sido excarceladas en Venezuela un total de 768 personas, de las que 186 habrían alcanzado la libertad a través de la Ley de Amnistía aprobada en estos últimos meses. En cualquier caso, y según Foro Penal, quedarían en las cárceles al menos 473 presos considerados políticos, de los cuales 286 son civiles y 187 militares, y entre los que se encuentran 43 ciudadanos extranjeros.  

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) , en su último informe “La situación de los derechos humanos en el mundo”, publicado en abril de 2026, recoge en el capítulo dedicado a Venezuela que en 2025 “continuaron cometiéndose crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes”. El informe de AI afirma que “los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar severamente la disidencia” frente al gobierno de Maduro y denuncia que “cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones de los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno”. Accede aquí al informe.  

EL CONTEXTO

El Gobierno de Estados Unidos derrocó a comienzos de este año 2026 al hasta ese momento presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encontraba en la cúspide del poder político del país caribeño desde 2013, año del fallecimiento del hasta entonces presidente, Hugo Chávez. En al menos la última década, Venezuela ha vivido una situación de profunda crisis política, económica, social y de derechos humanos que ha empujado al exilio a millones de venezolanas y venezolanos.  

La presidencia de Nicolás Maduro fue ampliamente cuestionada por prácticas autoritarias, represión violenta de la disidencia, colapso institucional y deterioro masivo de las condiciones de vida de la población. Venezuela ha vivido años de escasez crónica de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituyó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, con la misión de evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país latinoamericano desde 2014. Según su trabajo, sostenido en el tiempo, en Venezuela se han cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y represión sistemática de opositores políticos. Estos hechos han sido calificados por el organismo como crímenes de lesa humanidad, atribuidos a diversas instancias del aparato estatal, incluidos cuerpos de inteligencia y fuerzas de seguridad.

La situación global de Venezuela ha generado en esta última década un extraordinario éxodo de sus nacionales, que habría llevado fuera de sus fronteras a casi 8 millones de personas. La gran mayoría de ellas, alrededor de 6,9 millones de personas, han buscado un lugar donde vivir en los países de la región de América Latina y Caribe, según los datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4W), operada de forma conjunta por ACNUR y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Según sus datos, los principales países de acogida para ellos han sido Colombia, Perú, Estados Unidos, Brasil, Chile y España.

REFUGIADOS EN EL MUNDO

Según el Informe Semestral de Tendencias de 2025, publicado por ACNUR en noviembre del año pasado, Venezuela es uno de los cinco países del mundo, junto a Afganistán, Siria, Sudán y Ucrania, con mayor cantidad de personas refugiadas o con necesidad de protección internacional en el mundo. De hecho, si se atiende a la proporción entre personas que necesitan protección internacional y el número de habitantes de cada uno de estos cinco países, Venezuela encabeza la lista, con 18.500 refugiados y otras personas que necesitan protección internacional por cada 100.000 habitantes del país.

Según datos de ACNUR en abril de 2026, más de 7,8 millones de personas se encuentran fuera del país con necesidad de protección internacional, de las cuales 395.474 son reconocidas como refugiadas y 1.363.522 han tramitado la solicitud. ACNUR estima en más de 6 millones de personas las que se encuentran en necesidad de protección pese a no tener el estatus formal de refugiadas o solicitantes de asilo. Los países que han brindado oficialmente protección a un mayor número de ciudadanos de Venezuela son, por este orden en abril de 2026, España, Brasil, EE.UU. y México. 

REFUGIADOS EN ESPAÑA

Tras enfrentar años de crisis socioeconómica y política, miles de ciudadanos de Venezuela han buscado en España nuevas oportunidades de futuro, siendo el principal país de origen en número de solicitudes de protección internacional. Ante la baja tasa de reconocimiento por la dificultad de ajustarse a los criterios para la concesión del estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, la Audiencia Nacional se pronunció en una sentencia en 2018 a favor de autorizar el permiso de residencia por razones humanitarias, siguiendo así las recomendaciones de ACNUR de garantizar la no devolución de las personas venezolanas por la situación del país. 

De acuerdo con esta jurisprudencia, en 2019, España aprobó la concesión de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional de un año de duración, prorrogable, a ciudadanos de nacionalidad venezolana, lo cual ha permitido en los últimos años la regularización de la situación de decenas de miles de personas huidas del país que no cumplían los requisitos del asilo, pero cuya vuelta a Venezuela era inviable.  

Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, en 2025 España recibió 85.413 solicitudes de protección internacional de personas venezolanas. Estas cifras convierten a Venezuela en el principal país de origen en términos de demanda de asilo en España. La gran mayoría de solicitudes se resuelven con concesiones de residencia por razones humanitarias, con 56.259 casos favorables en 2025. Sin embargo, el estatuto de refugiado apenas se concede: solo 97 casos obtuvieron esta protección en 2025 y otros dos recibieron protección subsidiaria. 

Desde que en 2019 se comenzara a conceder en España la autorización de residencia por razones humanitarias a los nacionales de Venezuela como forma de protección y de evitar el retorno forzoso a su país, se han beneficiado de esta opción un total de 243.223 personas, siendo precisamente 2025 el año en el que más personas se acogieron a esta vía. 

REFUGIADOS EN ACCEM

Venezuela ha figurado en los últimos años entre las cinco principales nacionalidades de las personas atendidas por Accem, siendo en 2025 el segundo país de origen, por detrás de Mali. En este último ejercicio, hemos atendido y acompañado a un total de 9.609 personas de origen venezolano, un 27% más que el año anterior. En los últimos cinco años -desde 2021- nuestra organización ha prestado apoyo a más de 26.400 venezolanos y venezolanas en España.

Las personas de Venezuela atendidas por Accem se encuentran fundamentalmente en el programa de Acción Concertada Protección Internacional, que financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional.

Las personas usuarias de este programa ingresan en el sistema de acogida después de solicitar protección internacional o manifestar su voluntad de hacerlo. Cuando ingresan en el sistema de acogida, tienen acceso a servicios de información y orientación, atención o intervención social, asesoramiento legal y jurídico, acogida en centros, ayudas económicas, atención psicológica y apoyo en servicios de formación e inserción laboral. Actualmente, en abril de 2026, un total de 1.011 personas de origen venezolano se encuentran acogidas en nuestros centros, de las que 403 han ingresado en este 2026.

Conoce el testimonio de Jennifer Zapata, quien vino a España junto con su familia desde Venezuela en busca de un futuro con mayor estabilidad.

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