¿POR QUÉ HUYEN LAS PERSONAS REFUGIADAS DE NICARAGUA?

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS

En el año 2026, el gobierno de Nicaragua continúa en manos del matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre el que pesan numerosas denuncias de represión y persecución política. Varios informes recientes de entidades y organizaciones relevantes han denunciado el agravamiento de la represión gubernamental, dirigida a silenciar cualquier forma de disidencia dentro y fuera del país.  

En primer lugar, está el informe de 2026 del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de Naciones Unidas, que documenta cómo se han desviado fondos públicos para la financiación de la represión, creándose una estructura paralela dentro del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que habría servido, entre otras cosas, para la financiación de operaciones de seguridad violentas y de grupos armados progubernamentales.   

En palabras de Jan-Michel Simon, presidente del Grupo de Expertos, “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”. Así, el Grupo señala que los casos de desaparición forzada han aumentado significativamente, mientras que la detención arbitraria y los malos tratos bajo custodia, que en algunos casos pueden constituir tortura, siguen siendo prácticas habituales.  

También las organizaciones civiles de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han publicado en 2026 sendos informes sobre la situación que atraviesa Nicaragua. AI documentó en 2025 al menos 60 casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos y denunció la desaparición forzada de personas privadas de libertad. La organización alzó la voz contra la derogación del artículo 36 de la Constitución, que prohibía expresamente la tortura.  

En cuanto al informe de HRW, destaca la deriva autoritaria que se vive en el país tras una reforma constitucional que concentra aún más el poder en el Gobierno, así como la extensión del sistema represivo. HRW pone de relevancia la retirada o anuncio de retirada de Nicaragua de los principales organismos multilaterales de Naciones Unidas y denuncia que se ha dado carta de legalidad a la retirada de la nacionalidad a personas que son señaladas como “traidores a la patria”.  

EL CONTEXTO

Nicaragua atraviesa desde hace años una grave crisis política, institucional y de derechos humanos, que se ha agudizado desde el inicio de un periodo de protestas sociales en 2018. El país está gobernado desde el año 2007 de forma ininterrumpida por Daniel Ortega, líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y tras la última reforma constitucional de 2025, en copresidencia con su esposa, Rosa Murillo, hasta ese momento vicepresidenta. Su gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por la represión ejercida contra los grupos opositores. Las personas refugiadas fuera del país han escapado por la falta de libertades y la persecución a la disidencia.   

Los perfiles más comunes entre las personas que buscan refugio son opositores políticos, estudiantes que han participado en movimientos de protesta social, funcionarios que se desvincularon del régimen, periodistas, defensores de derechos humanos, militantes sociales, así como profesionales de la salud o de la administración pública. Muchos de ellos han sido amenazados, detenidos, vigilados o despojados de su nacionalidad.  

Se han denunciado faltas de garantías democráticas en los procesos electorales; persecución a organizaciones de la sociedad civil; censura a medios de comunicación y falta de separación efectiva entre el poder judicial y legislativo, lo que propiciaría situaciones de impunidad y ausencia de equilibrio entre las distintas instituciones del Estado.  

PERSECUCIÓN POR MOTIVOS POLÍTICOS CON DIMENSIÓN DE GÉNERO

Las mujeres y las personas LGTBIQ+ han sido objeto de violaciones de los derechos humanos desde el inicio de la represión por desafiar las normas tradicionales de género, según recoge el informe "La represión en clave de género", del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, publicado en junio de 2026. Según dicho informe, aunque el motivo principal de la persecución es político, el género de las víctimas ha influenciado en su selección por los perpetradores y en los métodos de represión (incluida la violencia sexual).   

Según el Grupo de Expertos, la cuestión de género se ha utilizado como instrumento de control, humillación y silenciamiento de las personas defensoras de derechos humanos, feministas, periodistas y mujeres del colectivo LGTBIQ+, así como lideresas políticas, comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes, y familiares de personas opositoras. El informe detalla actos de represión, detención arbitraria, desaparición forzada, violencia física, violaciones e incluso tortura llevados a cabo por el gobierno de Nicaragua desde 2018, además de la cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGTBIQ+ durante estos años.  

REFUGIADOS EN EL MUNDO

Según datos de ACNUR en 2025, hay más de 35.000 personas refugiadas nicaragüenses repartidas por el mundo, la mayoría de ellas en Costa Rica, Estados Unidos y España. Cerca de 270.000 han solicitado igualmente protección internacional fuera del país.  

Especialmente preocupante es la denuncia que realizaba en su informe de 2026 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que describe la creación a instancias gubernamentales de toda una “arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia” que tendría como finalidad el control, intimidación y ataque a los nicaragüenses exiliados fuera del país.   

La población exiliada habría sufrido, según el Grupo de Expertos, entre otros actos de castigo y represión, la privación de su nacionalidad (y su consecuente situación de apatridia), la confiscación de propiedades o el castigo por asociación a familiares que continúan en el país. En esta estrategia represiva, el Estado nicaragüense estaría utilizando las estructuras diplomáticas y consulares con el fin de perseguir a la disidencia. El reporte recoge al menos una docena de casos de asesinato o tentativa de asesinato contra ciudadanos críticos en el exilio.   

Por otra parte, Amnistía Internacional destaca el retroceso de derechos experimentado por las personas refugiadas y migrantes de origen nicaragüense en 2025 en Estados Unidos, uno de los principales países de acogida. Según detalla AI, el gobierno de Donald Trump canceló el programa de permisos migratorios y el estatus de protección temporal, lo cual ha puesto en riesgo de deportación a miles de nicaragüenses en Estados Unidos mientras se resolvía su situación.  

Finalmente, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, una organización de derechos humanos impulsada por nicaragüenses en el exilio, estima que más de 838.000 personas han abandonado el país entre 2018 y 2024, al considerar también a quienes, pese a no haber formalizado una solicitud de asilo, se han visto obligadas a huir debido a la persecución. 

REFUGIADOS EN ESPAÑA

Nicaragua fue en 2025 uno de los 10 principales países de origen de las personas solicitantes de protección internacional en España, con 1.605 solicitudes. Fue además la nacionalidad mayoritaria de las personas que recibieron el estatuto de refugiado en nuestro país en ese año, con un total de 1.498 resoluciones favorables, según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior. A cierre de 2025, otras 4.048 personas de origen nicaragüense tenían pendiente de resolución su solicitud de protección internacional en España.   

Por otro lado, cabe destacar que Nicaragua es uno de los países prioritarios en el Plan Nacional de Reasentamiento de España, a través del cual las personas refugiadas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad en otro país de acogida, en este caso Costa Rica, son reasentadas en nuestro país para acceder por medio de una vía legal y segura a una protección duradera. En este programa participan diferentes actores de relevancia, como son los ministerios de Exteriores, Interior e Inclusión, así como las agencias de Naciones Unidas para las personas refugiadas (ACNUR) y para las migraciones (OIM) y las entidades sociales que, como Accem, proporcionan la acogida en España y el acompañamiento en el proceso de inclusión.   

En 2025, más de 800 personas llegaron a España a través de este Programa, siendo más de la mitad de ellas de origen nicaragüense, que fueron derivadas como beneficiarias de protección internacional al sistema de acogida que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.   

Además del reasentamiento tradicional, las personas refugiadas de Nicaragua también acceden a la protección en España a través de la vía complementaria de movilidad laboral, vinculada a oportunidades de empleo en la sociedad de acogida.  

REFUGIADOS EN ACCEM

Accem acompañó en 2025 a un total de 570 personas de nacionalidad nicaragüense, de las cuales hasta el 26% eran menores de edad. De las personas atendidas, 75 estuvieron acogidas en nuestros centros y 13 personas llegaron a través de la vía del reasentamiento. Por otra parte, ya en 2026, hasta el mes de julio, Accem ha acogido a 14 personas refugiadas de origen nicaragüense a través de esta vía legal y segura.  

Además, nuestra organización ha participado en la acogida a personas nicaragüenses a través de la vía de la movilidad laboral. Concretamente, durante 2025, acogimos a 154 personas nicaragüenses procedentes de Costa Rica, en colaboración con el Ministerio de Inclusión y la empresa Grupo Cobra, facilitando su acceso al sistema de acogida de protección internacional a través de la fase de autonomía.  

Conoce el testimonio de Georgina, una mujer nicaragüense reasentada en España desde Costa Rica a través de las vías complementarias al reasentamiento.

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